Leemos en un artículo publicado por el diario El País, el último proyecto de la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI), única organización a escala universal dedicada a combatir la corrupción, y que congrega a la sociedad civil, al sector privado y a los gobiernos en una vasta coalición global.
El catedrático Jesús Lizcano -uno de los expertos asesores de la Fundación Novia Salcedo en su grupo de pensamiento y portavoz de TI- ha propuesto públicamente la creación de un Portal de Transparencia que aglutine los datos básicos de todos los entes públicos españoles. De esta forma, los ciudadanos podrían conocer y consultar libremente los contenidos de cualquiera de los más de 20.000 organismos, instituciones y entidades públicas, de los cuales 475 pertenecen al ámbito público estatal, casi 2.000 al ámbito de las Comunidades Autónomas y más de 18.000 al ámbito provincial y municipal.
Todos estos organismos dan trabajo a cerca de 3.200.000 empleados públicos, cifra lo suficientemente importante como para querer saber todos sus entresijos y porque, como señala Jesús Lizcano, “por mucho que se diga, se argumente y se prometa por unos y otros partidos políticos y gobernantes a nivel estatal, regional o local, ese número de empleados ha seguido creciendo de forma continuada en estos últimos años”. Es decir, los políticos nos mienten.
TI entiende que, para mayor información de la sociedad civil y la ciudadanía, el Portal de Transparencia debería contener, al menos, 15 datos básicos de cada uno de los organismos, además de proporcionar un mapa integral del sector público “debidamente estructurado y actualizado”. Este mapa digital debería facilitar, en opinión de la organización, la consulta en cada ente público de los siguientes indicadores:
<!–[if !supportLists]–>- <!–[endif]–>La plantilla del personal y su distribución por categorías, así como los costes de dicho personal
<!–[if !supportLists]–>- <!–[endif]–>La relación de muebles propios y arrendados
<!–[if !supportLists]–>- <!–[endif]–>El importe de las retribuciones de los cargos políticos electos y altos cargos públicos del ente
<!–[if !supportLists]–>- <!–[endif]–>El currículum de cada uno de dichos cargos
<!–[if !supportLists]–>- El número de cargos de confianza, asesores y personal de libre designación, con el detalle de sus retribuciones
<!–[if !supportLists]–>- <!–[endif]–>El número de tarjetas de crédito oficiales o institucionales
<!–[if !supportLists]–>- <!–[endif]–>El número de líneas y de teléfonos móviles oficiales o institucionales del organismo
<!–[if !supportLists]–>- <!–[endif]–>El número de vehículos oficiales (propios o alquilados) adscritos al ente
<!–[if !supportLists]–>- <!–[endif]–>El importe total de las dietas y gastos de viaje incurridos por su personal.
Otros datos básicos, según Transparencia Internacional, deberían hacer referencia a la utilización de las arcas públicas destinadas, por ejemplo, a los contratos menores que no pasan por concurso público y a las obras e inversiones públicas más cuantiosas, su presupuesto anual y el nivel de ejecución presupuestaria intermedio y final.
Para dar claridad a la utilización del dinero público también debería mostrase el nivel de endeudamiento del organismo, así como las ayudas y subvenciones.
“Es fundamentalmente una cuestión de voluntad política, y los ciudadanos hemos de exigir a los políticos y gobernantes una creciente voluntad de información social y transparencia”, concluye Jesús Lizcano.