¡Más TRANSPARENCIA, por favor!

Ante la situación vergonzosa que estamos viviendo en este país -con más de 200 políticos imputados en casos de corrupción, con partidos políticos cuya financiación queda en entredicho, con cargos públicos asignados por el mero hecho de la cercanía familiar, con negocios oscuros y comisiones más que cuestionables en el ámbito público-, la ciudadanía debe recordar y exigir la puesta en práctica del llamado DECÁLOGO  DE 
TRANSPARENCIA  E  INTEGRIDAD.

 

 

 

De modo que los responsables políticos y la representación de los ciudadanos den muestras del nivel de integridad y de apertura informativa que de ellos y de sus organizaciones demanda la Sociedad. Transparencia Internacional España, cuyo presidente D. Jesús Lizcano ha formado parte del comité de expertos de NSF, manifiesta la necesidad de que los distintos partidos políticos españoles asuman los principios y medidas que se recogen en el siguiente Decálogo de Transparencia e Integridad:

 

1.- TRAMITACIÓN URGENTE DE UNA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACIÓN, que incorpore procesos y
órganos que den garantías de su adecuada implantación: España es uno de los
pocos países de la Unión Europea que no tiene una ley de este tipo. Los
ciudadanos españoles tienen el derecho a saber, a conocer todo lo que se hace,
cómo se hace, y cuanto se gasta para hacerlo, en cualquier institución pública,
y por tanto a disfrutar de este derecho fundamental en los mismos términos que
los restantes ciudadanos europeos. En el plazo máximo de seis meses a partir de
la celebración de las Elecciones generales debería comenzar la tramitación
parlamentaria de esta Ley de Transparencia.

 

2.- CREACIÓN DE UN PORTAL NACIONAL DE
TRANSPARENCIA PÚBLICA. Paralelamente a la citada Ley, este Portal de
transparencia debería poner a disposición de los ciudadanos, de una forma
sencilla y directa, los datos básicos de los más de 20.600 organismos, instituciones
y empresas que integran el abultado y complejo Sector Público español, es
decir, no solo de las entidades fundamentales de ámbito estatal, autonómico,
provincial y municipal, sino también del amplio elenco de los restantes entes
públicos: Empresas, Organismos Autónomos, Fundaciones, Agencias,
Mancomunidades, Consorcios, etc., ya que son entidades todas ellas financiadas
por los propios ciudadanos (ver detalles de esta propuesta en Anexo 1).

 

3.- EXCLUSIÓN DE LAS LISTAS ELECTORALES DE
LOS PROCESADOS POR CORRUPCIÓN. Los Partidos políticos podrían explicitar su
integridad y dar una imagen pública más favorable evitando  que procesados por corrupción pudieran formar
parte de las Listas electorales.

 

4.- REFORMA DE LA LEGISLACIÓN ELECTORAL PARA
DESBLOQUEAR LAS LISTAS CERRADAS QUE PRESENTAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS. De esta
manera los ciudadanos podrían así excluir a aquellos candidatos no deseados, o
que no les ofrecen garantías de integridad y/o competencia.

 

5.- COMPROMISO DE LOS CARGOS PÚBLICOS
ELECTOS DE FORMULAR Y HACER PÚBLICA SU DECLARACIÓN DE BIENES E INTERESES. Todos
los cargos públicos electos deberían así formular y hacer pública una
información que ya es obligatoria legalmente en muchos casos, y que sin embargo
no se llega a cumplir adecuadamente en la práctica.

 

6.- MODIFICAR LA NORMATIVA SOBRE
FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LÍNEA CON LAS RECOMENDACIONES DEL
G.R.E.C.O. En su último informe (Mayo 2011), el Grupo de Estados contra la
Corrupción del Consejo de Europa señala una serie de importantes deficiencias e
insuficiencias en lo que respecta a la transparencia de los Partidos políticos
españoles en cuanto a sus Fuentes de financiación y sus cuentas, evidenciando
la necesidad de una mayor información acerca de los Préstamos recibidos, las
Fundaciones y empresas vinculadas, las finanzas de las sedes locales, etc.

 

7.- ESTABLECER LA OBLIGATORIEDAD LEGAL DE
RENDICIÓN Y PUBLICACIÓN ON LINE DE LAS CUENTAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
incluyendo el detalle de sus Cuentas electorales. Dado que una proporción
claramente mayoritaria de los recursos financieros de los Partidos políticos es
la aportada por los ciudadanos, deberían rendir cuentas a éstos y hacer
públicas dichas Cuentas.

 

8.- APROBACIÓN DE UNA LEY PARA LA PROTECCIÓN
AL DENUNCIANTE DE PRÁCTICAS CORRUPTAS E ILEGALES, tanto en el ámbito público
como en el sector empresarial. España debería ponerse a la altura de otros
muchos países en cuanto a la protección jurídica de aquellos ciudadanos que con
una conducta ética y solidaria se atreven a denunciar las prácticas corruptas o
ilegales que existen fehacientemente en sus propias instituciones.

 

9.- RESPETO EFECTIVO DE LOS PRINCIPIOS DE
MÉRITOS Y CAPACIDAD, Y ELIMINACIÓN DE LA LIBRE DESIGNACIÓN Y EL CESE
DISCRECIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. El mérito debería asegurarse para el
acceso a los Altos Cargos y a los Cargos directivos de las Fundaciones y las
Empresas Públicas, deberían publicarse además los currículums de las personas que
hayan accedido a esos cargos, fomentarse la carrera directiva profesional y
eliminar cargos de asesores y eventuales.

 

10.- PROMOVER UN PACTO NACIONAL DE LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN ENTRE PARTIDOS, ONG,S, ASOCIACIONES EMPRESARIALES,
SINDICATOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, que priorice la adecuada implantación de
las normas existentes, y genere aquellas medidas que refuercen las sanciones,
aseguren la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la
corrupción y el control del Gobierno, y coordine las actuaciones en la materia.