Durante las sesiones del Icaro Think Tank III tuvimos ocasión de debatir “in extenso” sobre “Transparencia y Buen Gobierno”. Quedó claro que la transparencia no es un fin sino un medio. ¡Pero qué medio! .
Las notas que siguen pretenden ilustrar cómo la falta de transparencia y tribalismo existente en la designación de cargos públicos en España ha generado la corrupción y quiebra financiera actuales.
Desde el primer gobierno estable de la democracia, el partido ganador ha nombrado a dedo a sus partidarios para ocupar la totalidad de los puestos en los que se adoptan decisiones con contenido económico en el sector público.
Esta práctica, llevada a cabo durante 30 años, de forma totalmente arbitraria y con una falta de transparencia que raya en el ocultismo, ha generado tres efectos perversos.
En primer lugar, no nombra para puestos de responsabilidad a los más capaces seleccionados mediante una convocatoria pública y transparente, sino a personas del partido o afines y ello de forma totalmente opaca y arbitraria. La designación por afinidad y no por capacidad ha colocado en puestos clave a personas incompetentes lo que ha generado una mala gestión con el consiguiente despilfarro de fondos públicos.
En segundo lugar los beneficiarios del pesebre son deudores. Deuda que pagarán con favores futuros recíprocos hacia el benefactor o, en su caso, a su grupo afín. Ello genera clientelismo y corrupción.
En tercer lugar adormece la conciencia social que se acostumbra a convivir con una práctica tan poco ética como aceptar que el “enchufe” opaco, y no los méritos transparentes, es el sistema de promoción universal en España.
La primera acción de los políticos cuando toman el poder consiste en nombrar como “cargos de confianza” a todos los responsables de los centros de decisión. Sólo es cuestión de tiempo para contaminarlos en su totalidad. Así los nombramientos a dedo politizan los Tribunales de Cuentas, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Consejo del Poder Judicial, Audiencias Provinciales (en general todos los cargos en la carrera judicial por encima de los jueces de base), Banco de España, Defensores del Pueblo, a toda la administración pública y todas las empresas y organismos financiados con dinero público. Y ello tanto a nivel Central, como Autonómico y Local.
Siendo, como lo son, dañinas las actuaciones de robo puro y duro de los fondos públicos, son todavía más nocivas las decisiones disparatadas adoptadas por personas sin la capacitación adecuada, que se dejan llevar por intereses sectarios de empresas y/o grupos de presión concretos en flagrante lesión de los intereses de los ciudadanos españoles. El país dispone de carreteras sin coches, aeropuertos sin aviones, trenes AVE sin pasajeros, Ciudades de la Ciencia sin ciencia, Ciudades de las Letras sin letras, polideportivos sin deporte, y un largo etcétera.
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El caso más esperpéntico del daño que puede infligir la clase política es el de la denominada “Crisis Bancaria Española” que es un producto químicamente puro de la clase política y que costará cerca de los 150.000 millones de euros, sumiendo en la penuria a la totalidad de los españoles.
La consecuencia de todo ello es que hay unos 800 procesos por corrupción abiertos ante los tribunales de justicia, con más de 2.000 políticos, o sus cómplices, encarcelados y que los ciudadanos españoles, después del paro, consideran a sus políticos, con los partidos en los que se encuadran, como su mayor problema. Sólo un 4% confía en ellos.
A esta baja valoración contribuye, además el espectáculo de la lucha despiadada dentro de cada partido para alcanzar el poder y la lucha entre partidos que sólo tiene como finalidad la conquista del poder mediante la destrucción del contrario para lo que se emplean todos los medios: la mentira, la tergiversación, la opacidad mediante la ocultación de datos y hechos, la negación de la evidencia, etc.
El resultado es que el debate político desaparece en el tumulto creado y los políticos presentan una imagen deplorable ante la sociedad creando un escenario de mendacidad, de falta de ética y de mediocridad. En España no se hace política, sólo se lucha por el poder. El “debate” político se reduce a descalificar al oponente y es de una pobreza de ideas y de ética apabullante. Y las promesas electorales se olvidan en el mismo momento en que se conquista el poder.
Los políticos no van a resolver este problema. Son ellos los que lo han creado y los beneficiarios de que exista.
Por ello el problema sólo puede ser resuelto por los ciudadanos honrados. Para ello se tienen que movilizar de forma eficaz, no creando más partidos que caerán en los mismos vicios que los actuales, sino a través de las redes sociales focalizadas en conseguir dos objetivos clave:
1) Prohibir los nombramientos a dedo. Todos los actuales “puestos de confianza” deberán cubrirse rigurosamente por concursos de méritos gestionados de forma independiente y transparente.
2) Crear un cuerpo de inspectores/auditores, independientes del Gobierno y de los ineficaces Tribunales de Cuentas, que auditen e inspeccionen anualmente a todos los cargos cubiertos por concurso de méritos (y a los nombrados a dedo durante el período de transición) y remitan a la fiscalía todas las actas de inspección que identifiquen conductas que presenten indicios de delito.
Sólo así se conseguirá regenerar la vida pública y política española para que se inicie un auténtico debate político.
España seguirá sumida en la corrupción y en la quiebra mientras sea rehén de la casta política actual.