Transparencia International España ha presentado el pasado 22 de febrero el Índice de Percepción contra la Corrupción 2017. Los datos que refleja siguen siendo inquietantes ya que los países avanzan con demasiada lentitud en su lucha contra la corrupción, por no decir que han avanzado poco o nada en los últimos 6 años. El Índice clasifica 180 países y territorios, y facilita una visión panorámica según los niveles percibidos de corrupción en el sector público por parte de expertos y empresarios de cada país. Utiliza para su evaluación una escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 muy transparente.
Nueva Zelanda y Dinamarca ocupan el primer lugar de la tabla con puntuaciones de 89 y 88 respectivamente, es decir, con una transparencia muy alta. Por el contrario, Siria, Sudán del Sur y Somalia tienen las puntuaciones más bajas con 14, 12 y 9 respectivamente, es decir, con mucha corrupción. La región con mayores puntuaciones es Europa occidental, con una puntuación promedio de 66. Las regiones con peores valoraciones son África subsahariana (puntuación media de 32), y Europa oriental y Asia central (puntuación media de 34).
Pero vamos a centrarnos en España. Si comparamos los datos desde el año 2000 hasta la actualidad vemos que el descenso es tan marcado que nos sitúa como el país de Europa en el que más ha empeorado la percepción de corrupción y su situación en el ranking de países. España con 57 puntos es, junto a Hungría y Chipre, el país que más empeora de Europa. Recordamos que la puntuación promedio en Europa es de 66 puntos. Además, como muchos países europeos han mejorado bastante, la situación de España empieza a ser comparativamente cada vez peor. De estar en el puesto 13 de toda la UE hemos pasado al 18-20 (medidos de menos a más corruptos). Ya sólo hay 8 por detrás y, además, algunos de esos 8 están cada vez más cerca.
En el año 2000 España superaba en 27 puntos a la República Checa y en 29 puntos a Polonia. Incluso superaba en 3 puntos a Francia y en 6 a Portugal. Hoy, Francia nos aventaja en 13 puntos, Portugal en 6, Polonia en 3 y estamos empatando con la República Checa.
En 2017 hemos llegado a los niveles peores en percepción de corrupción desde que los índices se consolidaron metodológicamente. Como indicó Transparencia Internacional en 2016, las razones de esta evolución tan negativa son múltiples y complejas. Es cierto que, por una parte, los sistemas de investigación policial se han mostrado relativamente eficaces y han permitido el descubrimiento de numerosos casos de corrupción, si bien la detección es todavía deficiente y muchos casos han quedado en la impunidad. Entre otras cosas, por la falta de denuncias debido a la ausencia de protección a los denunciantes de corrupción.
El informe señala también que las denuncias de los medios de comunicación, y el relevante eco social y atención prestada a los casos aflorados, han influido intensamente en la percepción ciudadana, generando un estado de indignación que lleva a que España sea el país de la UE donde más ha crecido la percepción de corrupción en los últimos cinco años. También es cierto que la crisis económica ha incrementado el nivel de exigencia social, y aunque la justicia viene cumpliendo su función con cierto rigor – a pesar de su lentitud- se ha generado desde fines de 2009 un muy alto nivel de alarma social y una sensación de que al final habrá impunidad en los casos relevantes.
Finalmente, destaca el informe, aunque el enfriamiento de la economía en el sector urbanístico permite pensar que los casos de corrupción se han reducido en ese ámbito, las constantes irregularidades en la contratación pública, la lentitud de las sanciones penales, la baja intensidad de las penas en casos de corrupción relevante, la expansión de los escándalos a las instituciones clave del Estado, la opacidad y parcialidad en la toma de decisiones que afectan a los grupos de interés más poderosos (banca, energía, telecomunicaciones, etc…) y la percepción de politización en el funcionamiento de la justicia, explican bien la tendencia negativa que se mantiene en este Índice. Todo ello en un entorno en el que la desigualdad crece y los esfuerzos de salir de la crisis se distribuyen de forma inequitativa a juicio de la mayoría de la ciudadanía consultada en diversas encuestas.
El Proyecto de Ley integral contra la corrupción, actualmente en trámite parlamentario, y otras iniciativas de los grupos parlamentarios son mejorables, pero pueden ser un avance muy importante en la lucha contra la corrupción. Es tiempo de debatir y generar el consenso en esta lucha, concluye el informe, y evitar que visiones cortoplacistas impidan generar el cambio. Se espera tener pronto normas que protejan a los denunciantes de corrupción, que regulen los lobbies, que refuercen la independencia de la Fiscalía y del Poder judicial. Y órganos independientes y con medios suficientes para proseguir esta lucha tanto desde la prevención como desde la sanción.
“Sigue habiendo muchas cosas que mejorar en España en la lucha contra la corrupción, y la alta alarma social y el hastío de los ciudadanos hace tan necesario como urgente que el Gobierno y la clase política consideren la corrupción como un asunto de Estado y de claro interés social”, manifiesta Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional España. “En este sentido, la tarea más urgente que tienen los Partidos y Grupos parlamentarios es colaborar para mejorar en todo lo posible y aprobar cuanto antes el proyecto de Ley ómnibus contra la corrupción, con el amplio conjunto de nueve grandes leyes que van a poder así cambiar con este texto legal para combatir la corrupción”.
Acceso a los resultados detallados del IPC 2017, en: https://transparencia.org.es/ipc-2017/
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